La opción seguida por el legislador chileno ha sido establecer no uno, sino una amplia variedad de procesos especiales para impugnar los distintos actos u omisiones de los órganos administrativos, especialmente en aquellas materias que considera relevantes para la protección de los derechos de las personas o cautelar los intereses públicos comprometidos.
Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
Procesos sumariales, etapas y tramitación de requerimientos.
Ley de compras Públicas y su Reglamento.
Recursos ordinarios y extraordinarios conforme a la Ley 19.880.
Tramitación y obtención de concesiones, en contratos de obra pública, en permisos y autorizaciones ante organismos estatales y en otros contratos celebrados con el Estado.
Recurso de protección como proceso contencioso administrativo.
Nulidad de Derecho público.
Estatuto Administrativo, Estatuto Administrativo para funcionarios públicos.
Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. Recursos ordinarios y extraordinarios.
Tramitación de requerimientos y recursos administrativos ante los organismos fiscalizadores.